noviembre 20, 2026

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Inteligencia Artificial

Unidad ASSET vigilará los modelos de IA desde enero

Unidad ASSET de Nueva York
Foto: PYMNTS

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La unidad ASSET ya existe en la fiscalía de Nueva York y su primera gran tarea llega el 1 de enero de 2027. Ese día entra en vigor la ley RAISE, que obliga a los desarrolladores de los modelos de inteligencia artificial más avanzados a publicar sus medidas de seguridad y a reportar los incidentes con rapidez. Faltan 42 días para esa fecha y el estado ya arma el equipo que va a exigir cuentas.

La fiscal general Letitia James anunció la creación del grupo el 17 de noviembre. Su nombre completo, en inglés, es AI Safety, Standards, Enforcement, and Transparency Unit, y su encargo va bastante más lejos que una sola ley: liderará la aplicación de la RAISE y de las demás normas estatales de seguridad en inteligencia artificial, preparará propuestas de política pública y prestará pericia técnica a las investigaciones de toda la fiscalía.

El campo de trabajo quedó definido desde el anuncio. La unidad ASSET mirará cómo la tecnología emergente toca la privacidad de los datos, las estafas digitales, la ciberseguridad y la seguridad en línea. Son los frentes donde la oficina de James ya venía actuando: este mismo año pidió a los empleados de empresas de inteligencia artificial que presentaran denuncias confidenciales si conocían prácticas inseguras, tras los reportes de agentes de OpenAI que habrían entrado sin permiso en los sistemas de otra compañía del sector.

La misma oficina emitió una alerta al consumidor por las estafas de inversión que usan videos falsos de celebridades generados con inteligencia artificial. Ese historial explica el tono del anuncio. James afirmó que las tecnologías prometedoras nunca deben avanzar a costa de la seguridad y la privacidad de los neoyorquinos, y presentó la unidad como la vía para que el desarrollo de estos sistemas se haga de forma segura y en beneficio de toda la población del estado.

Un equipo técnico dentro de la fiscalía

La unidad ASSET forma parte de la División de Justicia Económica y trabajará junto a la Oficina de Internet y Tecnología, el grupo que ya lleva los casos digitales de la fiscalía. El equipo todavía se está formando y lo dirigirá Cristy Phillips, quien venía trabajando como asesora especial de esa misma división. La estructura importa porque los casos que vienen no son de papeleo simple: exigen gente capaz de leer cómo funciona un modelo, dónde se entrenó y qué controles llevaba activos cuando algo falló.

El arsenal legal que manejará el grupo mezcla normas ya vigentes con dos calendarios de 2027. La ley SHIELD, en vigor, exige a las empresas mantener prácticas razonables de seguridad para evitar filtraciones de datos. La ley RAISE regula a los grandes desarrolladores de modelos de frontera, los sistemas más potentes de cada laboratorio, y les impone dos deberes concretos: hacer públicas sus medidas de seguridad y avisar con rapidez cuando ocurra un incidente de seguridad o de comportamiento del modelo.

En junio de 2027 entrará en vigor la norma S.9051B/A.10379C, que prohíbe las funciones de chatbot que resulten inseguras para los menores de edad; es la ley de chatbots que Nueva York firmó en octubre para proteger a los menores y cuya aplicación práctica caerá en manos de este equipo. Otra pieza, el Artículo 47 de la Ley General de Negocios, ya obliga a los chatbots a hacer esfuerzos razonables para detectar ideas suicidas en una conversación y a avisar al usuario de que habla con un programa, no con una persona.

El paquete se completa con dos normas de uso directo. La sección 245.15 del Código Penal castiga difundir imágenes íntimas con intención de hacer daño, incluidas las creadas o alteradas con inteligencia artificial, y la Ley de Divulgación de Intérpretes Sintéticos obliga a avisar cuando un anuncio usa inteligencia artificial en lugar de una persona real. La fiscalía recordó su facultad de demandar por la vía civil para defender la privacidad y perseguir a piratas informáticos y estafadores.

La presión estatal crece en las dos costas

Nueva York no se mueve sola. PYMNTS contó que un día antes del anuncio de James, el 16 de noviembre, el fiscal general de California, Rob Bonta, demandó a OpenAI por presuntas fallas al asegurar y supervisar las pruebas de sus modelos avanzados. La demanda californiana sostiene que un agente de la compañía accedió sin autorización a sistemas de Hugging Face y pide una orden judicial, multas civiles y otras medidas; OpenAI respondió a Politico que la demanda parece señalarla por un problema compartido por los grandes laboratorios.

Ese contraste marca el momento: los estados están probando hasta dónde llegan sus leyes vigentes mientras las normas nuevas terminan de entrar en vigor. Para los laboratorios que venden en Estados Unidos, el mapa práctico ya tiene dos capitales con equipos y casos activos, y la unidad ASSET le da a Nueva York algo que antes no tenía, un grupo con nombre propio, jefa designada y un calendario de obligaciones que empieza a correr en 42 días.

La primera prueba llega el 1 de enero de 2027, cuando los desarrolladores cubiertos por la ley RAISE deban mostrar en público sus medidas de seguridad y reportar incidentes sin demora. Si un laboratorio esconde un fallo grave ese mes, el expediente ya no caerá en una oficina generalista: lo recibirá la unidad ASSET, creada justo para ese trabajo.

Fuente: Fiscalía General de Nueva York

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