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La Resolución 100-2026 del Indotel dejó en pausa la entrada de proveedores de alto riesgo al núcleo de las redes públicas de telecomunicaciones de República Dominicana: desde su publicación, ninguna operadora puede adquirir, contratar, instalar ni activar equipos, sistemas o programas nuevos de esos proveedores en las funciones críticas de su red sin la no objeción del Consejo Directivo del regulador.
El Consejo Directivo la adoptó el 29 de octubre de 2026 y el aviso se publicó este viernes 13 de noviembre en medios de circulación nacional. La decisión nace de una evaluación clasificada de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que recomendó suspender la incorporación de determinados proveedores a los componentes críticos de las redes. La medida es provisional y obliga desde su publicación.
El foco está puesto en el core, el núcleo de la red. Ahí corren la autenticación de usuarios, la gestión de identidades, el control de las comunicaciones, el enrutamiento y la interconexión: las funciones que deciden quién entra a la red, por dónde viaja cada llamada y cada paquete de datos, y cómo se enlazan unas redes con otras, incluidas las funciones críticas de 4G y 5G.
Cinco factores definen a un proveedor de alto riesgo
El documento fija cinco factores para evaluar a cada proveedor. El primero mira el historial: antecedentes de incidentes de seguridad que la empresa dejó sin atender. El segundo examina la transparencia: si los sistemas y programas del proveedor no admiten una verificación independiente, el riesgo sube, porque nadie fuera de la empresa puede comprobar cómo están construidos.
El tercer factor apunta al país de origen y a sus leyes: pesa en contra que la legislación extranjera obligue a las empresas a entregar información a organismos de inteligencia sin autorización judicial previa. La confidencialidad de las comunicaciones queda en entredicho cuando una ley abre esa puerta al Estado del país del fabricante.
Los dos factores restantes cierran el cerco jurídico que describe el texto difundido por el regulador: suma riesgo que el país de origen del proveedor no forme parte del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, el tratado internacional de cooperación contra el delito informático, y que sus leyes exijan reportar las vulnerabilidades tecnológicas al Gobierno antes de corregirlas, dejando una ventana abierta entre el aviso y el parche.
La obligación cae sobre las empresas de telecomunicaciones y las prestadoras de infraestructura activa. Para cualquier componente nuevo destinado a funciones críticas, la operadora debe pedir la no objeción del Consejo Directivo respecto del proveedor elegido; sin ese visto bueno, la compra y la instalación quedan frenadas. El trámite convierte al regulador en portero del corazón de cada red.
Otra carga corre por cuenta de la planificación. De acuerdo con el texto publicado, las empresas deben avisar al Indotel con al menos 90 días de antelación de cualquier nueva instalación, ampliación, sustitución o modificación sustancial ligada a las funciones críticas de sus redes. El aviso vale para todo cambio, independientemente del proveedor involucrado, sea o no de alto riesgo.
El cerco no se burla con intermediarios. La prohibición alcanza también los productos suministrados de forma indirecta por filiales, subsidiarias o terceros que incorporen tecnología de proveedores ya clasificados como de alto riesgo: si el componente crítico lleva dentro esa tecnología, entra en la misma restricción aunque lo venda otra empresa.
Lo instalado sigue encendido
Nadie tiene que apagar lo que ya funciona. El Indotel aclaró que la disposición no implica retirar, sustituir ni migrar los equipos de proveedores de alto riesgo ya instalados y en operación, y el mantenimiento sigue permitido mientras no amplíe capacidad ni agregue funciones nuevas. Las capas de acceso, distribución y transporte quedan fuera, salvo los equipos que desempeñen funciones críticas del núcleo.
La medida llega en plena expansión de la conectividad dominicana por todas las vías: el acceso satelital crece con Starlink, que ya superó las 50.000 antenas activas en República Dominicana, mientras las redes terrestres mueven su tráfico por un núcleo que ahora tiene portero nuevo. Para Claro, Altice y Viva, cada proyecto de core pasa desde ya por el escritorio del regulador.
Un dato ordena la lectura: ni la resolución ni el aviso nombran a un solo proveedor ni a un solo país. La clasificación nace de la evaluación clasificada de la DNI y de los cinco factores, no de una lista pública de empresas señaladas.
El esquema guarda parecido con los marcos de proveedores de alto riesgo que otros gobiernos aplicaron al núcleo de sus redes. Esa comparación es contexto, no parte del documento: el texto del Indotel fija criterios y deja la clasificación en manos de la inteligencia del Estado.
El calendario manda lo próximo: corre un plazo de 60 días calendario desde la publicación para que los interesados presenten observaciones, la medida se revisará cada seis meses con los organismos de seguridad nacional, y el Indotel anunció una reglamentación sobre proveedores seguros para marzo de 2027. La decisión definitiva —confirmar, modificar o levantar la suspensión— saldrá de ese proceso.
Fuente: El Testigo
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