(Actualiza la EC4432 con la valoración de Ericsson sobre el Real Decreto)
Madrid, Nokia y Ericsson han valorado las medidas puestas en marcha en España para velar por la seguridad de la red 5G teniendo en cuenta que se habla de un asunto tan relevante y crítico para el desarrollo país.
En este contexto, la finlandesa Nokia ha afirmado a EFE que colaborará “en todo lo que sea necesario” para el “aumento del escrutinio” de las redes de telecomunicaciones 5G en España, teniendo en cuenta que considera “fundamental” este asunto para la seguridad nacional y el desarrollo económico del país.
Por su parte, la sueca Ericsson ha valorado el Real Decreto del Gobierno ya que “aporta seguridad jurídica en un ámbito tan relevante y crítico para el desarrollo del país”.
Nokia, primero, y Ericsson, después, son las únicas empresas que se han pronunciado por el momento sobre este asunto al ser preguntadas por EFE sobre su posición acerca del real decreto ley sobre seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 5G, que publicó este miércoles el BOE, y que forma parte del Plan Nacional puesto en marcha en respuesta a la guerra de Ucrania.
En este real decreto ley, se establecen ciertos requisitos que tendrán que cumplir los operadores (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil), así como los suministradores de equipos (Huawei, ZTE, Ericsson y Samsung) en aras de proteger la red 5G.
Preguntadas por este asunto todas las compañías, una a una, incluida DigitalES (la asociación que aglutina a las telecos) ninguna de ellas se ha pronunciado por el momento al respecto a excepción de Nokia y Ericsson, que, aunque no han querido entrar al detalle, sí han fijado a EFE su posición sobre el real decreto.
Al respecto, Nokia cree “vital” que “todas las partes se comprometan con los más altos niveles de seguridad y resiliencia en las redes de telecomunicaciones”. “Entendemos que el aumento del escrutinio es fundamental para la seguridad nacional y el desarrollo económico y social del país”, ha añadido.
Nokia acoge con “satisfacción los esfuerzos de las autoridades nacionales para mejorar la seguridad de las infraestructuras de comunicación críticas” como ya lo hizo anteriormente con las medidas de la Comisión Europea sobre este asunto.
A su juicio, las redes de telecomunicaciones “solo cumplirán su función si son seguras y se perciben como tales”. Su valoración coincide con la de Ericsson.
LAS TELECOS DEBERÁN SUSTITUIR LOS EQUIPOS DE SUMINISTRADORES DE RIESGO
En este Real Decreto se establecen ciertos requisitos como que los operadores 5G deberán analizar los riesgos de las redes y servicios 5G y enviar un informe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; tendrán que contar con al menos dos suministradores de red y sustituir aquellos equipos de proveedores que sean calificados como de alto riesgo.
Telefónica, Orange y Vodafone, que están analizando estas medidas aprobadas, han ido anunciado en meses pasados sus planes que pasaban por reducir la presencia de Huawei en su red 5G, una compañía que ha sido vetada por EE. UU.
En una reciente entrevista con EFE, el representante de Huawei ante las instituciones europeas, Tony Jin Yong, consideró “injusto” este veto al apuntar que no había ninguna evidencia que probara que su compañía había hecho algo mal. Huawei ha rehusado hacer comentarios sobre el asunto al ser preguntada por EFE, al igual que los otros dos suministradores, la china ZTE y la coreana Samsung.
En el real decreto del Gobierno no se apunta a ninguna compañía en concreto, aunque sí se establecen ciertos requisitos para calificar a suministradores 5G de alto riesgo y de riesgo medio.
Entre ellos, se especifica que se evaluará el grado de adecuación de la normativa del tercer Estado (el de procedencia del suministrador) sobre protección de datos personales a la de España; y se valorarán los vínculos de estos proveedores con el Gobierno de terceros países, su capital social, así como el poder que tenga un tercer Estado para ejercer presión sobre la actuación o ubicación de la empresa.
Los operadores no podrán ubicar los elementos críticos de la red pública fuera de España.
