Infraestructura digital y ciberseguridad dominicana frágil

Infraestructura digital es el nombre corto de un problema largo: la ciberseguridad dominicana descansa sobre sistemas que se compraron con ceremonia y se mantuvieron con lo que sobró. Esa diferencia, repetida durante años en oficinas públicas y empresas privadas, explica buena parte de la fragilidad que se ve cuando un servicio se cae o una base de datos aparece copiada fuera de su sitio.

El patrón se reconoce sin entrar a ningún centro de datos. Hay equipos nuevos conviviendo con programas viejos, redes que crecieron por pedazos y respaldos de los que nadie puede decir, con fecha en mano, cuándo se probaron por última vez. Cada pieza funciona sola. El conjunto aguanta hasta que algo falla en cadena.

Comprar tecnología rinde foto; mantenerla, no

La inversión llega con acto de entrega, cinta y discurso. El mantenimiento llega en silencio, mes tras mes, y compite contra gastos que se ven más. Cuando el presupuesto aprieta, el recorte cae sobre lo invisible: licencias que se dejan vencer, soporte que no se renueva, horas de revisión que se posponen para el trimestre siguiente.

Un sistema sin soporte del fabricante sigue encendiendo cada mañana. Ese es el engaño. Opera, procesa, cobra, registra, pero ya no recibe correcciones para fallos nuevos, y cada vulnerabilidad publicada queda abierta en ese equipo de forma permanente. El riesgo no avisa con una luz roja: se acumula en silencio mientras el servicio parece normal.

La deuda se nota también en los parches. Actualizar un sistema de cobro, de citas o de inventario exige una ventana sin operación, pruebas previas y personal disponible fuera de horario. Posponer esa ventana una vez tiene excusa; posponerla durante años crea una flota de programas con edades distintas, donde arreglar una pieza puede romper otra.

Esa infraestructura digital carga además una mezcla difícil: plataformas modernas visibles para el público y procesos internos de otra época. El ciudadano ve una página renovada, un formulario bonito, un pago en línea. Detrás puede haber hojas de cálculo viajando por correo, accesos compartidos y un servidor que nadie se atreve a reiniciar por miedo a que no vuelva.

El talento existe; sostenerlo cuesta más

El país forma técnicos con capacidad, y los forma bien. El problema aparece después: retener a un especialista en seguridad cuesta competir con salarios de fuera, con trabajo remoto pagado en dólares y con empresas que ofrecen ruta de crecimiento. Cada salida se lleva conocimiento que rara vez quedó escrito en un manual interno.

Donde el equipo de sistemas es una sola persona, la seguridad depende de su memoria. Esa persona conoce las contraseñas, los proveedores, el orden de arranque y el truco para que el programa viejo siga vivo. Si renuncia, se enferma o sale de vacaciones, la institución descubre que su continuidad cabía en una cabeza.

La cultura interna completa el cuadro. Contraseñas anotadas y compartidas por turnos, cuentas con permisos de administrador usadas para tareas diarias, doble factor de verificación (una segunda prueba de identidad al entrar) tratado como estorbo. Ninguna de esas prácticas nace de mala intención: nacen de resolver rápido con lo que hay, y se quedan porque nadie pagó el costo de corregirlas.

Los proveedores chicos entran por esa misma puerta. Un técnico externo se conecta para dar soporte, un programa de facturación guarda datos de clientes, una empresa de cámaras administra grabaciones. Cada conexión suma una credencial que casi nadie audita y una copia de datos fuera del edificio, con reglas de seguridad que el contrato ni menciona.

Esa fragilidad compartida tiene su espejo en el bolsillo de cada persona: la misma cultura que deja una contraseña pegada en un monitor deja a un ciudadano sin protección frente a un fraude de identidad, y por eso conviene repasar la guía de ciberseguridad e identidad digital que ordena esa defensa personal paso a paso. Institución y ciudadano comparten el mismo punto débil.

Un diagnóstico serio empezaría por preguntas aburridas. ¿Existe un inventario completo de equipos y programas, con su edad y su estado de soporte? ¿Qué cuentas tienen permisos totales y quién las usa? ¿Cuándo se restauró un respaldo completo en una prueba real? ¿Qué proveedor puede entrar hoy a la red y con qué llave?

La ciberseguridad dominicana mejorará cuando esas preguntas tengan respuesta escrita, con responsable y fecha, en cada institución que guarde cédulas, historiales o pagos. El dinero para comprar ya demostró que aparece. Falta que el mantenimiento tenga partida propia, defensa propia y un nombre en el organigrama con autoridad para decir que un sistema viejo se apaga.

Un dato ordena todo el debate: una base de datos copiada no se nota en el balance del mes en que ocurrió. Se nota años después, en el fraude que usa esos datos, en el trámite que nadie puede validar y en la confianza que un servicio digital tarda una década en recuperar.