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Google y Josh Shapiro firman un acuerdo de 391 millones de dólares

HARRISBURG – El Fiscal General Josh Shapiro ha anunciado hoy que él y otros 39 Fiscales Generales se han unido a un acuerdo de conciliación con Google sobre sus prácticas de seguimiento de ubicación relacionadas con la configuración de las cuentas de Google. Este acuerdo de 391.500.000 dólares es el mayor acuerdo de privacidad entre fiscales generales de varios estados en la historia de Estados Unidos. Pensilvania recibirá unos $19.670.434 de dólares en este acuerdo. 

“En este momento, los consumidores están en deuda con la promesa de Google de que las grandes tecnológicas saben lo que es mejor para los datos de los usuarios”, dijo el Fiscal General Josh Shapiro. “El impacto de Google en la vida de los estadounidenses es omnipresente: tienen la responsabilidad ante los consumidores de garantizar que los datos que recogen sólo se obtienen con el consentimiento expreso del usuario. Mi oficina seguirá luchando para garantizar que los consumidores puedan controlar cuándo y cómo se recogen sus datos personales.” 

Los datos de localización son una parte fundamental del negocio de publicidad digital de Google. 

Google utiliza los datos personales y de comportamiento que recoge para crear perfiles detallados de los usuarios y orientar los anuncios en nombre de sus clientes publicitarios. Los datos de localización se encuentran entre la información personal más sensible y valiosa que recoge Google. Incluso una cantidad limitada de datos de localización puede exponer la identidad y las rutinas de una persona y puede utilizarse para inferir detalles personales. 

Los fiscales generales abrieron la investigación a Google a raíz de un artículo de Associated Press de 2018 que revelaba que Google “registra tus movimientos incluso cuando le dices explícitamente que no lo haga.” El artículo se centró en dos ajustes de la cuenta de Google: 

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El historial de ubicaciones y la actividad de la web y las aplicaciones. 

El historial de ubicaciones está “desactivado” a menos que un usuario active la configuración, pero el Web & App Activity, una configuración de cuenta independiente, está automáticamente “activada” cuando los usuarios configuran una cuenta de Google, incluidos todos los usuarios de teléfonos Android. 

Como se detalla en el acuerdo, los fiscales generales encontraron que Google violó las leyes estatales de protección al consumidor al engañar a los consumidores sobre sus prácticas de seguimiento de ubicación de varias maneras desde al menos el 2014. 

En concreto, Google hizo que los usuarios se confundieran sobre el alcance de la configuración del historial de ubicaciones, el hecho de que la configuración de la actividad de la web y la aplicación existía y también recogía información de ubicación, y la medida en que los consumidores que utilizan los productos y servicios de Google podrían limitar el seguimiento de la ubicación de Google ajustando la configuración de sus cuentas y dispositivos.

En virtud del acuerdo, Google ha aceptado una serie de disposiciones diseñadas para dar a los consumidores más transparencia en las prácticas de Google, incluyendo:

Exigir a Google que muestre información adicional a los usuarios cada vez que activen o desactiven la configuración de una cuenta;

Hacer que la información clave sobre el seguimiento de la ubicación sea inevitable para los usuarios (es decir, que no esté oculta); y

Crear una página web mejorada de “Tecnologías para  localización” en la que los usuarios puedan obtener información detallada sobre los tipos de datos de localización que Google recopila y cómo los utiliza.

El acuerdo también pone límites al uso y almacenamiento por parte de Google de ciertos tipos de información de localización y exige que los controles de las cuentas de Google sean más fáciles de usar.

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Pensilvania formó parte del Comité Ejecutivo de la investigación multiestatal, de la que se encargó el fiscal general adjunto Timothy R. Murphy, junto con Arkansas, Florida, Illinois, Luisiana, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Tennessee y con la asistencia de Oregón y Nebraska, que dirigieron las negociaciones del acuerdo. 

Al acuerdo final se sumaron también Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Virginia y Wisconsin.

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