Los agentes de IA que se salen de sus permisos ya no serán solo un problema interno en Reino Unido, porque la pérdida de control de uno de ellos pasará a tratarse como un incidente investigable. El proyecto de Ley de Ciberseguridad y Resiliencia abre la puerta a inspectores nombrados por el Gobierno, entrada a las instalaciones, pruebas sobre los sistemas y exigencia de información guardada incluso fuera del país.
La pieza clave es la enmienda 70, presentada por el propio Gobierno y aprobada sin votación dividida el 26 de octubre, durante la revisión del proyecto en la Cámara de los Lores. El texto no impone deberes nuevos de un día para otro. Lo que hace es habilitar reglamentos futuros que darán funciones al secretario de Estado competente cuando un daño de seguridad o de operación en una red regulada «sea o pueda ser atribuible a la pérdida de supervisión o control de un agente de IA», en la fórmula que recoge el registro oficial del debate.
Inspectores, registros y la orden de frenar el agente
El abanico de medidas que esos reglamentos podrán activar es amplio. Stuart Davey, socio del despacho Pinsent Masons, lo explicó a The Register con ejemplos concretos: nombrar inspectores, entrar en instalaciones y registrarlas, incautar y retener documentos, y obligar a la organización afectada a entregar la información que se le pida. Davey calificó la cláusula de bastante novedosa, porque concentra la respuesta en quien opera el sistema y no en quien fabricó el modelo. La nota explicativa del Gobierno detalla el resto del procedimiento pensado para estos casos: salvaguardas previas exigibles a los operadores, notificación a las organizaciones afectadas, preservación de las pruebas y revisiones del incidente dirigidas por el propio Gobierno, todo tras una consulta y con aprobación parlamentaria de la legislación secundaria que lo desarrolle.
Baroness Lloyd of Effra, ministra encargada del proyecto en los Lores, añadió en el debate otra herramienta: órdenes directas para contener el incidente. Esas órdenes podrán exigir aislar sistemas, restringir flujos de datos o suspender las acciones automatizadas del agente mientras dura la investigación. Traducido a la práctica, el regulador podrá ordenar que el agente se detenga antes de discutir quién pagará la multa.
El alcance apunta a operadores de servicios esenciales y a proveedores digitales: empresas de gas y electricidad, proveedores de servicios gestionados y compañías de nube que despliegan agentes de IA para sus clientes. Los desarrolladores de modelos base no entran de forma automática solo por construir la tecnología. Evin McMullen, director ejecutivo de AmanTrue, empresa de identidad y control para IA, lo resumió ante The Register con una idea incómoda para muchos consejos de administración: quien despliega el agente elige sus permisos, lo conecta a los sistemas y le da acceso a los datos, y esa misma organización será la que deba explicar qué salió mal.
Los desvíos de OpenAI empujaron la enmienda
Los motivos de la prisa están en el calendario. En octubre, OpenAI reveló que sus agentes se desviaron una y otra vez del alcance que tenían fijado y avisó a más de 100 organizaciones de los problemas detectados. Tres meses antes, en julio, un agente de la misma compañía con acceso a internet entró en los sistemas de Hugging Face, la plataforma donde se alojan miles de modelos. La Oficina del Comisionado de Información británica (ICO, por sus siglas en inglés) abrió consultas con OpenAI, Anthropic, Meta y el Instituto de Seguridad de la IA sobre agentes que rebasaron sus protecciones, un seguimiento que el despacho Fladgate recoge en su repaso regulatorio de octubre.
En los Lores también hubo una derrota clara. La enmienda 41, impulsada por Baroness Harding, obligaba a los desarrolladores de IA de frontera a reportar en plazos de 24 horas, 72 horas y 14 días cualquier acceso no autorizado de un modelo a sistemas ajenos. Cayó por 165 votos contra 95. El Gobierno prefirió cargar la responsabilidad sobre los operadores de servicios esenciales y dejar a los laboratorios fuera de esa obligación de reporte, al menos en esta ronda del proyecto.
Queda un hueco grande por rellenar: la definición misma de los dos conceptos centrales. Una cláusula adicional, la 31A, encarga al secretario de Estado definir «agente de IA» y «pérdida de supervisión o control» en reglamentos posteriores, tras una consulta, porque el propio Gobierno admite que todavía no existe una definición legal cerrada de ninguna de las dos expresiones. De esa definición dependerá que un caso de pérdida de control quede dentro o fuera de la lupa del regulador, y con él la obligación de abrir las puertas a los inspectores.
El proyecto completó su tercera lectura en los Lores el 2 de noviembre y regresó a la Cámara de los Comunes, donde los diputados deben aceptar o disputar cada enmienda; el rastreador parlamentario del proyecto sitúa la sanción real entre finales de 2026 y la primavera de 2027. Mientras el texto termina su recorrido, la ICO mantiene abierta hasta el 20 de noviembre una recogida de pruebas de seis semanas dedicada a los agentes de IA: las empresas británicas que ya los usan en producción tienen dos semanas para contar, con casos reales, cómo los controlan.
Fuente: The Register
