Las empresas de telecomunicaciones de Uruguay comenzaron a probar, por orden del Ministerio del Interior, el funcionamiento del software El Guardián, con el que el Gobierno podrá intervenir llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales, según reseñaron hoy los medios locales. Claro, Movistar y ANTEL deberán comprar equipos complementarios para que el sistema pueda ponerse en marcha en enero.
La operación de la importación de la tecnología de última concepción, hecha a una empresa brasileña y que costó u$s2 millones, debía “mantenerse en secreto”, de acuerdo con la resolución presidencial que habilitó la adquisición en marzo de este año, aunque la información fue filtrada a la prensa. El decreto fue firmado por el Ministerio de Economía y establecía que para la utilización de medios tecnológicos con el fin de esclarecer delitos era necesario contar con las mejores herramientas.
La resolución decía además que era “conveniente otorgar a los operadores que presten o estén en condiciones de prestar servicios de telecomunicaciones aquellos beneficios tributarios que coadyuven a la adquisición de los intereses de suscripción tecnologícas que permitan la realización de las actividades de vigilancia electrónica”.
Con El Guardián, el Gobierno podrá lograr a vigilancia en tiempo verdadero del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. El sistema habilita, encima, a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales. No obstante, para poder hacerlo, deberá solicitar una orden jurídico y presentarla frente a las prestadoras del servicio. La plataforma, que será proporcionada por la empresa Digitro Tecnología, ya es utilizada por la Policía Federal de Brasil.
Sobre el funcionamiento del software, la empresa proveedora señala en su web que el sistema “realiza monitoreo de voz y datos” y ofrece “bienes avanzados” de investigación de “audio e identificación de locutores. “Es una decisión hecha especialmente para las operaciones de investigación reglamentaria”, asegura.
La nueva tecnología “permitirá desarrollar con poder” la investigación de “delitos complejos”, y alcanzar un “mejor gobierno” en la seguridad pública e “incidir” en las políticas de prevención y represión de la delincuencia, según la resolución presidencial, que no fue publicada en la web oficial.
Fuente: Infobae drone
