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El bloqueo de celulares en cárceles dejó de ser un pedido imposible el 19 de noviembre. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó ese día la orden que permite, por primera vez, que cárceles estatales y locales pidan licencia para apagar la señal de los teléfonos metidos de contrabando. La cifra que empujó la decisión impresiona: la propia FCC atribuye a una estimación de la firma SOC LLC de septiembre de 2024 que cerca de medio millón de presos tienen acceso a un celular escondido.
Órdenes de asesinato, tráfico de drogas, secuestros y extorsión a militares aparecen en el expediente GN Docket No. 13-111. La orden aprobada, la tercera de ese expediente, retira la condición de autorizados a los aparatos de contrabando dentro del penal. Con ese cambio, interferir su señal deja de chocar con la prohibición legal de bloquear estaciones autorizadas. La medida cubre las bandas comerciales de siempre y también la banda 14 de la red FirstNet de emergencias, para cerrar el hueco que un preso podría aprovechar cambiando de frecuencia.
Ningún penal queda obligado a instalar el sistema. La orden abre una puerta opcional y cada dirección de correccionales decide si la cruza. Carolina del Sur, el estado que lleva casi dos décadas empujando este tema, ya anunció que presentará su solicitud en cuanto la regla aparezca en el Registro Federal. Brendan Carr calculó en la reunión que esa publicación puede tardar unas semanas: el primer bloqueo legal todavía no tiene fecha de encendido.
Un permiso con pruebas, aviso y un área contenida
Antes de bloquear una sola llamada, cada penal debe pasar dos rondas de pruebas. La primera corre con una licencia experimental y busca demostrar que el equipo no causa interferencia dañina fuera del área asignada. La segunda se hace ya dentro del penal, con la licencia concedida, antes de operar en firme. El bloqueo queda limitado a un área de contención aprobada por la FCC, un espacio donde el uso de aparatos inalámbricos ya está prohibido por ley o por la norma interna del centro.
El aviso previo forma parte del paquete. Las comunidades cercanas reciben notificación antes de las pruebas en el sitio y antes del despliegue, con al menos 20 días de antelación, el plazo que detalló la comisionada Anna Gomez. Las operadoras, FirstNet, los coordinadores de seguridad pública y las autoridades del 911 reciben aviso por la misma vía. Cada instalación mantiene un contacto de interferencia disponible en todo momento y el equipo se apaga solo si alguien lo saca del área autorizada. Cerrado el despliegue, la FCC emite certificados anuales para comprobar que el sistema sigue trabajando dentro de lo aprobado.
La historia detrás de la norma tiene nombre propio. El capitán Robert Johnson, encargado de interceptar contrabando en la prisión Lee de Carolina del Sur, sobrevivió en 2010 a seis disparos en su casa, en un ataque ordenado con un celular escondido. Ocho años después, el motín de esa misma prisión, el más letal del país en una generación, se extendió de un dormitorio a otro con mensajes entre bandas rivales. El expediente suma el caso de Idaho, donde un preso planeó con un aparato ilegal una fuga en un hospital que dejó tres oficiales heridos y dos civiles muertos.
Las operadoras avisaron del riesgo para el 911
AT&T y Verizon plantearon la objeción técnica de fondo durante el proceso. Un bloqueador no distingue una llamada legítima de una ilegal dentro del espectro que ataca, y esa ceguera puede alcanzar llamadas al 911 y comunicaciones de policías, bomberos y paramédicos. Un informe del Urban Institute de 2023 añade otro filo: estos sistemas no eximen los celulares autorizados del personal, así que un oficial dentro del área bloqueada puede quedarse sin servicio.
Gomez aprobó la orden en parte y disintió en parte. Su reparo central apunta al bolsillo de las familias: la comisionada sostuvo que el costo del bloqueo no debe trasladarse a las tarifas que pagan los parientes por las comunicaciones autorizadas con los presos. También advirtió del mercado negro que podría abrirse si esos equipos terminan en manos privadas. Su frase en la sesión quedó corta y clara: «No quiero dañar la seguridad pública en nombre de ayudar a la seguridad pública». Carr y la comisionada Olivia Trusty votaron a favor, y Carr resumió el alcance con otra frase breve: «Esto no será una solución mágica».
Florida ofrece la medida del problema en un solo estado. Las autoridades recuperaron 8.376 celulares en lo que va de 2026 en centros del Departamento de Correccionales estatal y de sus socios privados, y un estudio de 2024 contó más de 25.000 aparatos recuperados en un año en todo el país. El contrabando entra también por el aire: en marzo de 2026 un jurado de Florida condenó a un hombre por lanzar con drones celulares, tarjetas SIM y drogas sobre tres prisiones.
Apagar la señal no retira el aparato de la celda. El teléfono sigue guardando fotos, video y material sin conexión, y los registros físicos mantienen su peso en la seguridad de cada centro. La FCC dejó además una consulta abierta sobre los resquicios que quedan: aparatos que se comunican por frecuencias sin licencia, comunicaciones por satélite y zonas de silencio alrededor de los penales. Esa consulta recibirá comentarios durante los 60 días posteriores a la publicación de la orden en el Registro Federal.
Fuente: Corrections1
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