El ciberataque en Moldavia terminó en un robo de datos de unas 750.000 personas, cerca de un tercio de la población del país, y este miércoles 28 de octubre costó el cargo a la directora de la Agencia de Gobernanza Electrónica. Nicoleta Colomeet deja la dirección del organismo que opera los servicios digitales del Estado, y Artiom Cociu queda como director interino.
Al abrir una reunión del gabinete, el primer ministro Vasile Tofan anunció la salida y resumió el giro que busca con una frase directa: toca desplazar el equilibrio desde la promoción de los servicios electrónicos hacia la seguridad. Los intentos de acceso se concentraron entre el 19 y el 23 de octubre, apuntaron a datos de cerca de un millón de personas y la extracción quedó detenida el 23 de octubre a las 11:30 de la mañana.
Robo de datos en Moldavia: de la pensión al historial de pagos
La Agencia de Gobernanza Electrónica detalló el contenido expuesto en su comunicado: nombres y apellidos, fechas y lugares de nacimiento, datos de familiares de primer grado, estado de asegurado, médico de familia, ayudas sociales, pensiones, situación de discapacidad, licencias de conducir, fotografías, vehículos y empresas que cada persona posee o administra. Cada conjunto va ligado al IDNP, el número de identificación personal que en Moldavia acompaña casi cualquier trámite.
El bloque financiero pesa igual o más. El paquete incluye números IBAN, deudas tributarias y el historial de pagos de MPay, la plataforma estatal de pagos. Con nombre, fecha de nacimiento, IDNP e IBAN de una misma persona, un estafador arma una llamada muy convincente: conoce al dedillo a su víctima antes de marcar.
Esa misma agencia puso los límites del daño. Los datos de tarjetas bancarias no quedaron afectados: los pagos con tarjeta por MPay y por la aplicación EVO se procesan con los sistemas seguros de los bancos y la plataforma gubernamental no almacena esa información. Conocer un IBAN ajeno, recordó el organismo, no permite entrar en la cuenta ni ejecutar transferencias, y la investigación no ha identificado cambios no autorizados dentro de los registros estatales.
82 servicios apagados y dos intentos más de entrada
La respuesta inmediata fue apagar. La agencia ordenó revisar 82 servicios digitales, suspendió de forma temporal los que corrían riesgo y desconectó por precaución 82 servicios públicos junto a más de 30 sistemas de información y paneles administrativos. Las instituciones responsables recibieron aviso y recomendaciones técnicas para corregir las vulnerabilidades detectadas.
Durante la noche del 22 de octubre, en pleno ataque, los servicios públicos del país registraron cerca de 11 millones de solicitudes de acceso y consultas sospechosas a las bases de datos. Informat, medio rumano, publicó esa cifra a partir de los avisos oficiales de las instituciones que coordinaron la respuesta.
Apagar no cerró el episodio. El 25 de octubre, cerca de las 2:00 de la madrugada, los especialistas detectaron y bloquearon un intento nuevo de forzar el acceso a varios servicios públicos, y el 27 de octubre, cerca de las 7:00 de la mañana, se repitió otro intento sin éxito. Risky Business, boletín especializado en ciberseguridad, informó que la entrada inicial se produjo por fallos en un servicio de registro de actividad que quedó expuesto en internet sin autenticación.
Muchos ciudadanos descubrieron el problema dentro de la aplicación EVO, la ventanilla digital del Estado. En el historial de acceso a sus datos aparecían trámites que nunca pidieron, ligados a documentos de estado civil o a la emisión de licencias de conducir. La agencia explicó que el servicio atacado registraba de forma incorrecta la base legal del tratamiento de los datos personales, y por eso esas consultas quedaron visibles en las cuentas.
Qué cambia con la salida de Colomeet y qué advirtió Tofan
Tofan agradeció a Colomeet la popularización de servicios como EVO y MCabinet, y afirmó que la operación fue coordinada por actores extranjeros. En una comparecencia junto a su homólogo rumano, Luca Niculescu, el primer ministro describió un patrón que dura años: ataques híbridos constantes contra el país, con una frecuencia que su gobierno espera en aumento. Añadió que la potencia de cálculo de la inteligencia artificial ya permite descubrir vulnerabilidades que una revisión humana no detecta.
El contexto europeo tampoco ayuda a bajar la guardia. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) contó en un informe del 22 de septiembre más de 8.000 incidentes en el bloque, con cerca de 2.500 dirigidos al sector público. Moldavia ya arrastra un antecedente cercano: en abril de este año, otra intrusión alcanzó la base de datos del sistema de salud del país.
La investigación sigue abierta y el Gobierno prometió informar a cada afectado con los resultados. El riesgo que la propia agencia señala es práctico: intentos de fraude y de manipulación en línea con datos reales de las víctimas. Su recomendación para la población es concreta: no entregar contraseñas, códigos de autenticación ni datos bancarios por teléfono o mensajes, no autorizar pagos pedidos por desconocidos aunque mencionen el nombre o el IDNP, y verificar cualquier comunicación por los canales oficiales antes de actuar. El ciberataque en Moldavia deja una factura política inmediata, con una directora fuera del cargo, y una deuda técnica que el nuevo equipo tendrá que saldar antes de devolver cada plataforma a la red.
Fuente: MoldovaLive
Foto: MoldovaLive
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